Un nuevo y repudiable episodio de brutalidad policial en la zona del Puerto de Asunción ha encendido las alarmas sobre la alarmante falta de preparación y control interno en la Policía Nacional. La agresión física sufrida por un motociclista a manos del Oficial Ayudante Juan José Martín Maqueda —registrada en un video que ya es viral— no es un hecho aislado; es el reflejo de una preocupante cultura de abuso de poder que se escuda detrás de una placa.
Las imágenes son una radiografía de la prepotencia. El ciudadano cumplió con cada requerimiento: entregó sus documentos, facilitó la revisión de su biciclo y cooperó en todo momento. ¿Cuál fue su recompensa? Un golpe injustificado por parte de quien, por mandato constitucional (Artículo 175), está obligado a protegerlo. No hubo resistencia, no hubo amenaza; solo hubo un uniformado canalizando su frustración o su soberbia contra un civil indefenso.
La tibia reacción institucional de «apartar de funciones operativas» al oficial es un paño tibio que roza la complicidad si no se profundiza. La ciudadanía ya no tolera el corporativismo. Asuntos Internos y el Ministerio Público no pueden dilatar este caso en el oparei. Se necesita un sumario implacable, la baja deshonrosa y una sanción penal ejemplar. El uniforme otorga autoridad, no impunidad. Cada vez que un policía levanta la mano contra un ciudadano que colabora, no solo comete un delito, sino que dinamita la poca confianza que le queda a la sociedad en sus instituciones de seguridad