La negativa a reconocer la pensión a un supuesto excombatiente de la Guerra del Chaco expone una burocracia que exige documentos que muchos nunca pudieron tener. Mientras la Constitución habla de “certificación fehaciente”, las instituciones imponen requisitos rígidos que ignoran la realidad histórica del país rural de los años 30.
El control estatal es necesario, pero no puede convertirse en un filtro inhumano. Cuando faltan archivos, debería sobrar criterio. Hoy ocurre lo contrario: se duda del veterano antes que de un sistema que nunca registró adecuadamente a sus propios ciudadanos.
Negar en estas condiciones no es proteger recursos, es profundizar una injusticia histórica.